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Comúnmente se señala en los medios y la academia a la educación y la inversión en I+D  como las condiciones necesarias para que una sociedad logre progreso económico y científico, mas la realidad señala en cambio que una educación de calidad e innovación científica suelen ser resultado más que las causas del desarrollo económico, siendo la libertad individual la propiedad privada y el libre intercambio de ideas y bienes  los pre-requisitos ciertos para lograr desarrollo económico. Desde luego, ya alcanzado un alto grado de desarrollo, la educación e innovación científica contribuyen decididamente a mantener y multiplicar el progreso. Es decir, cuando el gobierno no amenaza la libertad y propiedad de los ciudadanos con confiscación, regulación, censura e impuestos, estos pueden usar plenamente su talento y energía para cumplir sus metas personales a través del intercambio de ideas, productos y servicios.

Cuando las necesidades vitales han sido satisfechas, las familias y empresas invierten en educación, capacitación profesional e investigación científica, y es en este ambiente donde emergen espontáneamente las sociedades geográficas, las organizaciones científicas, las publicaciones técnicas, las exposiciones y la inversión empresarial en tecnología. Pero sin instituciones que limiten al gobierno, y por el contrario, cuando el Estado controla crecientemente una sociedad en detrimento de los individuos, el desarrollo científico no es posible o su alcance es limitado, de pobre calidad y basado en la copia y no en la innovación.

Cuando el Estado cobra impuestos los recursos confiscados se transfieren a funcionarios estatales que no producen nada y a grupos de presión que suelen ser productores ineficientes. De este modo se sacrifica a personas y empresas  productivas no conectadas políticamente, para beneficiar a individuos y empresas poco o nada productivos pero bien conectados políticamente. De modo que mientras más altos son los impuestos y más los beneficiarios inmerecidos de los recursos confiscados, más crece la oportunidad de los grupos de presión para obtener "un pedazo del pastel" del dinero obtenido por el Estado y más el incentivo para los demás para establecerse en lugares donde la confiscación sea menor.

Quienes no participan del botín estatal destinan recursos a mantener el gasto corriente e inversiones existentes más que a invertirlos a largo plazo, reduciendo los recursos que financian proyectos destinados a capacitación profesional, investigación científica e innovación técnica que siempre son inversiones de largo aliento. Ingenieros y científicos ven reducidas oportunidades profesionales e ingresos en comparación con los colegas de naciones en donde hay más respeto por la propiedad privada, léase: donde los impuestos y regulaciones son reducidos. El resultado es el éxodo de especialistas -de por sí naturalmente escasos- hacia destinos donde encuentran más oportunidades y más respeto por su propiedad. Junto con ellos se retiran las empresas basadas en tecnología e investigación. Además, allí donde han desaparecido los incentivos para invertir a largo plazo se vuelve imposible atraer nuevas empresas que requieren personal calificado.

La reducida innovación creada en un ambiente hostil al emprendimiento tiene diversos destinos: por una parte es rápidamente trasladada por sus creadores a ambientes más amigables en otras naciones, es subutilizada u olvidada en su lugar de origen, o es mal utilizada para proyectos que beneficien al régimen y a los grupos de presión conectados con este.

¿Sirve "repatriar cerebros" o traer expertos a un país con un régimen hostil al emprendimiento?

El gobierno puede destinar recursos a traer ingenieros y científicos al país ofreciendo buena remuneración y cierta libertad de acción, sin embargo, tarde o temprano, muchos expertos terminan convertidos en funcionarios orgánicos, con incentivos para defender sus cargos y mantener sus publicaciones lejos del debate con otros colegas, pero sin incentivos para investigar e innovar. En el mejor de los casos algunos investigadores publican e investigan en un ambiente de ingresos estables pero sus logros son mal o subutilizados y la rentabilidad derivada de estos se queda en manos de quienes aportaron poco o nada al éxito de la investigación. Con fines y medios establecidos por el gobierno e ingresos asegurados pero con la mayor parte de su rentabilidad confiscada, muchos investigadores terminarán de nuevo emigrando buscando mejores ambientes para la investigación, usualmente en universidades y empresas de otras naciones donde cumplen contratos con ingresos atados a logros y donde pueden destinar recursos personales, e incluso corporativos, en investigación básica.

Por otra parte, los científicos militantes, creyentes de la causa política que paga sus salarios, pueden ser entusiastas de la innovación técnica y destinarla a los fines del gobierno o partido, fines que usualmente incluyen el control estatal de la economía, la tecnología bélica, el control de los ciudadanos en tareas tan diversas como la medicina deportiva, la propaganda, el silenciamiento de la oposición política, la intervención de las comunicaciones, el control poblacional y el adoctrinamiento de masas. La historia del siglo XX es pródigo en ejemplos de innovación científica estatal: armas de destrucción masiva, nuevas técnicas de ejecución de enemigos, innovación en campañas de propaganda, creación de técnicas (e incluso drogas) para crear "superdeportistas" que sean orgullo del partido e instrumento de propaganda, sistematización computarizada de control económico, sistemas de vigilancia telefónica e informática usada para espiar transmisiones electrónicas, censurar sitios de Internet e impedir el acceso a "lecturas peligrosas" para el régimen, etc.

Es por todo ello que un gobierno que busca atraer técnicos y científicos filtra perfiles para contratar a quienes abrazan la ideología del régimen y no puedan convertirse en opositores. De esta manera, los conocimientos que impartan los expertos contratados estarán dotados de fuerte carga ideológica, sin contrapeso, sin sano debate e incluso con riesgo personal para los alumnos y científicos que discrepen.

La contratación estatal de científicos y "cerebros fugados" es un ejercicio en el mejor de los casos estéril para promover el desarrollo científico y económico bajo regímenes donde las libertades y garantías individuales son agredidas y donde por ello no existen incentivos para invertir y generar riqueza y conocimiento. Pero en el peor de los casos, los científicos burocratizados son usados para los fines del régimen para mejorar los mecanismos de agresión y coerción estatales y de mantenimiento de privilegios mercantiles. Todo "incentivo" estatal para invertir en ciencia y tecnología debe ser cuestionado y combatido vigorosamente, pues la historia nos enseña una y otra vez los horrores cometidos en nombre de la supremacía científica nacional: desde la guerra química y nuclear hasta el adoctrinamiento de masas y los campos de concentración socialistas los más atroces experimentos científicos se llevaron a cabo en ausencia de toda ética.