Desprecio a los acuerdos firmados, desprecio a las buenas maneras y a la justicia. Esas son las actitudes que han tomado quienes manejan el Estado, quienes se supone son nuestros representantes. Ellos son quienes que han incurrido en fraude moral al aprobar una reforma a la Ley de Hidrocarburos que abre camino a la renegociaci�n unilateral de los contratos petroleros, imponiendo el Estado nuevas condiciones no pactadas de acuerdo mutuo.

Los contratos son acuerdos entre voluntades generadores de derechos y de correspondientes obligaciones. Son acuerdos donde se consagra la palabra de las partes para delimitar los alcances y responsabilidades de los involucrados. La obediencia a los contratos es muestra de educaci�n y civilizaci�n, es propio de personas regidas bajo la �tica y el respeto a los compromisos adquiridos.

Nadie, ni personas ni instituciones -incluyendo las instituciones del gobierno- est�n facultados con ley o sin ella para infringir el derecho consagrado en los contratos. Bajo ning�n concepto y bajo ninguna circunstancia es permisible la violaci�n del derecho. Mas a�n, es totalmente censurable que el atropello que se ha legalizado, se lo excuse por la necesidad gubernamental de recursos para saldar el irresponsable gasto fiscal, novela cuyo primer cap�tulo lo escribiera el ex Ministro de Econom�a Rafael Correa quien disolviera el FEIREP y arruinara as� una incipiente cultura de ahorro fiscal.

El precio del atrevimiento se lo saldar� con duras sanciones al pa�s sin dudarlo, mas el peso de las consecuencias lo pagar�n los ciudadanos que no sus inconsecuentes representantes en el Estado, lo pagar�n quienes generan riqueza mas no quienes viven de ella escamote�ndola mediante impuestos y privilegios. De no desandar lo actuado graves perjuicios puede esperar el pa�s, acaso el primero ya se haya materializado: el que se considere a nuestro pa�s como un territorio b�rbaro donde impera el desprecio por la justicia.

Atentar contra los convenios suscritos es devaluar la palabra dada, es corromper, es defraudar, es tomarse atribuciones indebidas y abusar del poder; es amputar el derecho que es base de la justicia y la civilizaci�n.