Artículos | Humanas | Derecho

La verdad es que la realidad ha derogado a la legalidad, que las leyes se hacen sin tomar en cuenta lo que la sociedad es y sin advertir la forma en que la gente reaccionar� ante nuevas disposiciones. Se olvida el concepto c�nico, pero veraz, de que lo que rige es �la letra colorada�. La otra, la norma escrita y publicada, con escasas excepciones, es entretenimiento de acad�micos y literatura de legisladores. Es referente para ingenuos.

1.- Las tres virtudes de la ley perfecta. Norberto Bobbio, el ilustre jurista y profesor italiano, dec�a que la ley debe ser justa, v�lida y eficaz. (i) �Justa�, es la ley que traduce los valores sociales, hist�ricos, filos�ficos y morales de la comunidad. All� est�n las ideas de justicia, libertad, equidad, igualdad, etc., que son los elementos inspiradores del ordenamiento jur�dico. Esos valores son los factores de �legitimidad� de las leyes. (ii) �V�lida�, en cambio, es aquella norma que ha sido expedida por �rgano legislativo competente, con sujeci�n a los procedimientos constitucionales, y que adem�s, vincula a los ciudadanos y a las autoridades, por estar vigente. Alude a la perfecci�n formal. (iii) �Eficaz� es la ley que encarna efectivamente en la sociedad, es la que se cumple y produce consecuencias concretas. Es la que se obedece. Es la dimensi�n verdadera de la norma, la que se mete en la vida y estructura las relaciones de la comunidad. 

Raras son las leyes perfectas que re�nen en s� la (i) legitimidad que les da la justicia y el respeto a las libertades; (ii) la perfecci�n t�cnica, que depende de la sabidur�a y competencia del legislador, y de la claridad y consistencia de las normas; y (iii) la eficacia, que hace �til y operativo al sistema legal. Lejos est� el pa�s de esa perfecci�n ideal. Somos un gran dep�sito de leyes a veces injustas, de dudosa validez, y adem�s ineficaces. Las excepciones confirman la regla.

2.- Causas de ineficacia de las normas. El problema est� en que las normas, incluso las constitucionales, son te�ricamente justas -a veces son un poema, un canto a la doctrina-, pero son escandalosamente ineficaces. Este es el problema del Ecuador: sobresaturado de normas in�tiles, de declaraciones ret�ricas, pero, en la pr�ctica, inservibles. La inutilidad de las normas proviene: (i) de su falta de sinton�a con la realidad. 

Desde nuestro tropical y tormentoso escenario pol�tico, legislamos como para Suiza. A nadie se le pasa por la cabeza hacer una hip�tesis de c�mo reaccionar� la sociedad ante una norma que se le ocurre al legislador o que inventa el planificador. Eso sucedi� cuando despenalizaron el hurto, o cuando la Asamblea de Montecristi, a t�tulo de democracia directa, generaliz�, sin reserva ni condici�n, la revocatoria del mandato, y cuando, en el colmo del entusiasmo, consagraron la �ciudadan�a universal� que ha invadido el pa�s de toda clase de aventureros. (ii) El desbordamiento judicial, precipita la ineficacia normativa. Si una comunidad est� aquejada de cr�nica desinstitucionalizaci�n, si los juicios literalmente ahogan a los jueces, si no hay desarrollo tecnol�gico de apoyo, si las leyes mantienen procesos medievales, como respuesta se genera una sensaci�n de impunidad, prospera la frustraci�n y la impresi�n de desamparo, que deriva en la tentaci�n de la justicia por mano propia. (iii) La ceguera ideol�gica, la noveler�a doctrinaria y la improvisaci�n pol�tica convierten a las asambleas legislativas en f�bricas de papeles in�tiles: es cada vez m�s frecuente el hecho de que las normas tengan extraordinaria carga ideol�gica y que est�n determinadas por un dogmatismo legislativo contraproducente. (iv) La sobre abundancia de normas complica su aplicaci�n, plantea conflictos de interpretaci�n y neutraliza su eficacia. En el pa�s rigen te�ricamente cientos de miles de disposiciones que provienen de las m�s diversas fuentes. 

Nadie es capaz de entender qu� es lo que realmente est� vigente, y si prevalece la ley o el decreto ejecutivo posterior, ni cu�l es la raz�n para que el reglamento haya reformado la Ley o lo que es peor, c�mo es posible que la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional haya �reformado� a la Constituci�n, ni c�mo se entiende que se cambien las reglas del juego por v�a de interpretaci�n.

3.- La desmoralizaci�n social. La p�rdida del respeto a la ley es el peor escenario para la sociedad. La ineficacia legal genera esa �cultura de ilegalidad� en que vivimos. 

Buena parte de las normas �todos sabemos- no tienen vigencia social, no se cumplen, y" todos tranquilos, mirando a otra parte, justificando el descalabro, haciendo discursos, ofreciendo la felicidad. En esas condiciones, impert�rrita, la f�brica de leyes de mala calidad sigue operando, sorda y ciega a la realidad que le desmiente cada d�a, que deroga con sus pr�cticas los actos de poder, que genera esa especie de �legalidad paralela�, hecha de recursos abogadiles, de trampas y de mentiras admitidas, que son secretos a voces.

El drama est� en que las universidades ense�an la �legalidad oficial�, pero nunca advierten el agujero negro de la realidad, donde prospera la otra verdad; donde todos, en vista de la inutilidad de las leyes y de la caducidad de los procesos, han inventado la �jurisprudencia de la vida cotidiana�. Donde no queda m�s que allanarse, por ejemplo, a que la audiencia laboral no sea en los siguientes veinte d�as, como dice la ley oficial, sino despu�s de diez meses, como disponen la dictadura de la necesidad y la saturaci�n judicial. Donde no queda sino conformarse con que el sistema de �juzgamiento oral�, no sea oral sino escrito, como se�ala la comodidad del juez o la pereza del abogado.

4.- Seguridad e impunidad. La seguridad jur�dica y personal, que deber�an ser la raz�n de ser del sistema, son un mal chiste. Nadie puede, razonablemente, sustentar sus actividades, su plan de vida, en la m�nima certeza que deber�an dar la Constituci�n y la Ley. 

Nada ni nadie est� seguro. Todo puede ocurrir. En semejante escenario, lo que prospera es la sensaci�n de impunidad, la tentaci�n de las medidas de hecho, la fuerza de la delincuencia y el miedo del ciudadano. �Para qu�, entonces, el enorme aparataje jur�dico y burocr�tico que soportamos? �Para qu� el Estado?

Publicado originalmente en El Comercio (Ecuador)